CDMX. Una creciente crisis habitacional, la inacción del gobierno y un conflicto urbano con tintes internacionales: vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México han recurrido a los tribunales para exigir que las autoridades capitalinas cumplan con una reforma a la Ley de Turismo que debió poner freno al descontrolado crecimiento de plataformas de alquiler temporal como Airbnb, Booking y Expedia, principales motores de la llamada turistificación.

En una conferencia de prensa, el Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal denunció que, a pesar de que desde abril de 2024 existe una ley vigente que obliga a las autoridades locales a crear un Padrón de Plataformas Tecnológicas y de Anfitriones, este aún no ha sido implementado. El plazo para su funcionamiento legal venció el 5 de octubre de 2024, pero a la fecha —más de nueve meses después— sigue sin operar.

Como respuesta a esta omisión, el pasado 24 de junio de 2025, integrantes del Frente presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa. En la denuncia señalan como responsables a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, y al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Augusto Tamariz Sánchez, por incumplir con los artículos 7 fracción VI Bis, 61 Bis y el cuarto transitorio de la Ley de Turismo.

El abogado Arturo Aparicio, del colectivo Claudia Cortés, explicó que este amparo tiene un carácter innovador, pues no busca suspender actividades, sino obligar al Estado a cumplir con la ley. “Lo que queremos es que la Secretaría de Turismo firme el documento que activa la plataforma digital ya desarrollada por la ADIP. No es un amparo para prohibir, sino para aplicar”, detalló.

En su contestación legal, la Secretaría de Turismo argumentó que no tiene atribuciones para operar el padrón. Por su parte, la ADIP afirmó que el portal electrónico fue desarrollado y se encuentra en fase de prueba (alojado en https://dev.estanciaeventual.cdmx.gob.mx), pero no se ha puesto en funcionamiento porque no ha sido autorizado formalmente por la titular de Turismo. Al cierre de esta edición, el sitio aún estaba inactivo.

“Nos parece sumamente grave que una reforma aprobada para enfrentar una crisis urbana siga sin aplicarse. Esta omisión institucional ha permitido que continúe el desplazamiento forzado de habitantes por la presión inmobiliaria y turística”, denunció Sergio Juaricua, vocero del Frente.

Según Juaricua, la intención no es eliminar Airbnb, sino devolverle su espíritu original: la convivencia entre anfitriones y visitantes. “Nosotros no estamos en contra de compartir el hogar con viajeros. Lo que sí rechazamos es que haya empresas hoteleras piratas que operen sin regulación, violando usos de suelo y expulsando a vecinos de toda la vida”.

Gentrificación y tensión social

Este conflicto legal ocurre en un contexto de tensión social creciente por la gentrificación en varias colonias de la capital mexicana. Desde hace años, los habitantes de zonas como Roma, Condesa, Juárez, Centro, Narvarte y Coyoacán han denunciado el impacto del alquiler turístico en sus comunidades: rentas inalcanzables, pérdida del tejido barrial, saturación de servicios y un alza en el costo de vida.

La situación se ha agravado con la llegada masiva de trabajadores remotos, especialmente estadounidenses, que han hecho de la Ciudad de México un destino global para el teletrabajo. Como reacción, colectivos vecinales han comenzado a organizar protestas contra la gentrificación, algunas de las cuales han derivado en episodios de tensión.

El pasado 4 de julio, una manifestación en las colonias Roma y Condesa incluyó pintas en edificios, lanzamiento de piedras y confrontaciones con personas identificadas como extranjeras, lo que motivó una alerta de seguridad por parte de la Embajada de Estados Unidos en México.

La embajada advirtió a los ciudadanos estadounidenses que eviten participar en manifestaciones de carácter político, ya que la ley mexicana lo prohíbe para extranjeros, y señaló que quienes lo hagan se arriesgan a ser detenidos o deportados. También recomendó evitar las zonas de protesta ante la posibilidad de disturbios.

Una nueva marcha está convocada para este domingo en la zona de Tlalpan, al sur de la ciudad, lo que ha encendido nuevamente las alarmas. Se prevé una alta presencia policial, cortes viales y operativos de seguridad.

Ante esto, la jefa de Gobierno Clara Brugada declaró que su administración respeta “el derecho a la libre manifestación”, pero hizo un llamado a que las movilizaciones se desarrollen de forma “pacífica” y “sin agredir a terceros”.

Urge regulación real

La reforma a la Ley de Turismo aprobada en 2024 fue impulsada por el entonces jefe de Gobierno interino Martí Batres. Establece que toda plataforma tecnológica que ofrezca alojamiento temporal debe registrarse en un padrón oficial y que sus anfitriones sólo podrán tener una ocupación del 50% anual para evitar que inmuebles completos se conviertan en hoteles disfrazados.

Sin embargo, Airbnb y otras plataformas siguen operando sin ningún tipo de regulación efectiva. “Hasta ahora, no hay evidencia de que estas empresas estén implementando límites internos a sus anfitriones, como marca la ley”, señaló el abogado Arturo Aparicio.

Mientras tanto, la ciudad enfrenta una transformación urbana acelerada en la que el derecho a la vivienda parece estar siendo sustituido por el derecho al hospedaje temporal. Colectivos vecinales insisten en que la lucha no es contra los visitantes, sino contra un modelo turístico sin control que transforma barrios en zonas de paso y expulsa a quienes los han habitado por décadas.

“Si no se aplica esta ley, lo que nos espera es una ciudad vacía de habitantes reales y llena de departamentos temporales. No se puede permitir que la economía digital destruya el derecho al arraigo y al hábitat urbano digno”, concluyó Juaricua.

Con información de Más Información.