Chihuahua, CHIH. Los grupos de la delincuencia organizada están evitando el paso de ayuda alimentaria a la zona serrana, apostados en el entronque de la comunidad de El Rosado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, informó la diputada por Morena, Edith Palma Ontiveros.
La legisladora abundó en que varias comunidades conectadas mediante ese tramo vial, se han visto afectadas ante la prohibición de que ayuda humanitaria les llegue por orden de los grupos delincuenciales que se disputan la zona.
Aunque los integrantes de los grupos de la delincuencia organizada no siempre se encuentran en ese entronque, el mensaje entre los habitantes de las poblaciones cercanas al lugar es que no puede pasar ayuda por orden de los criminales, aseguró la diputada.
“Ahorita están batallando por la alimentación, así lo designaron los grupos”, acotó.
El párroco de Guachochi es quien ha estado apoyando a las comunidades con la distribución de algunas ayudas, pero tampoco puede acudir con grandes proporciones, tanto por la distancia como por la falta de recursos materiales para el viaje.
Guachochi y Guadalupe y Calvo están separados por casi seis horas en un desplazamiento por carretera: una opción de 300 kilómetros por Hidalgo del Parral a través de carreteras de mediana calidad y la otra, atravesado caminos de terracería por la Barranca de Sinforosa que suman 170 kilometros.
Las autoridades en materia de seguridad y de apoyo social no tienen registro de esta situación y esperan que haya solución pronto al problema.
A esta situación, se suma el cierre de al menos cinco escuelas en las comunidades de Mesa de Basihuare, Nacachi y Santa Anita, todas dentro del municipio de Guachochi, derivado de la violencia que se presenta tanto en la cabecera municipal como en las zonas aledañas.
Por su parte, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) denunció a través de sus redes una nueva y más cruenta disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada en el municipio de Guadalupe y Calvo, situación que ha permeado por años y se ha acentuado en los últimos tres.
“Durante los últimos dos años, las organizaciones civiles hemos documentado desplazamientos en comunidades como Llano Grande, El Pinito, Cinco Llagas y Dolores (Guadalupe y Calvo), en Rocheachi (Guachochi) y, más recientemente, en el municipio de Moris. La mayoría de las familias desplazadas pertenecen a los pueblos rarámuri, ódami, pima y guarijío”, precisa.
Afirmó que cada vez es más frecuente el uso de drones y balaceras con armas de alto calibre, derivando en un estado de guerra no declarado.
“La población de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Moris, y otras regiones, vive con miedo, con la angustia de saberse desprotegida, enfrentando pérdidas humanas, materiales y culturales. Comunidades enteras han sido abandonadas por sus habitantes, obligados a huir para salvar la vida”, indica el comunicado.
Ante tal situación, Contec urgió atender a las víctimas del desplazamiento forzado y garantizarles acceso a servicios básicos y condiciones dignas de vida; a la CEAVE, para que establezca contacto con las personas desplazadas de la región de Moris, instaladas en la Ciudad de México para su protección.
También pidieron el diseño de programas y asignación de recursos para atender las causas estructurales de la violencia, respetando los derechos de los pueblos indígenas.
