CDMX. En un esfuerzo por frenar las operaciones financieras del crimen organizado, el Gobierno de México ha impulsado al menos 17 juicios de extinción de dominio en los últimos cinco años, enfocados en bienes vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, principalmente en Baja California.

De acuerdo con un análisis de ZETA Tijuana, estos procesos —realizados en Juzgados de Distrito especializados en la capital del país— apuntan a la recuperación de más de 1.5 millones de dólares y 2.2 millones de pesos mexicanos en efectivo, además de propiedades y otros bienes presuntamente usados para facilitar actividades ilícitas.

Uno de los casos más emblemáticos involucra a Rodolfo Juan Yépez Ortiz, alias “El Rodo” o “El Rudo”, hermano de José Antonio Yépez “El Marro”, exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Durante su detención en Mexicali, se le confiscaron 50 mil dólares y 41 mil pesos en efectivo, que ya fueron adjudicados al Estado mexicano tras un fallo favorable en el juicio correspondiente.

La extinción de dominio permite al Estado confiscar bienes relacionados con actividades criminales sin necesidad de compensar a los propietarios, siempre que se compruebe su vínculo con los delitos. Esta herramienta legal, reforzada en años recientes, se ha convertido en una estrategia clave en la lucha contra las estructuras financieras del narcotráfico.

Otro caso relevante involucra a dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, quienes habrían ocultado cerca de 2 millones de pesos en su domicilio, actualmente bajo juicio de extinción de dominio.

No obstante, el proceso enfrenta obstáculos: varios casos han sido desechados por errores legales, como fallas en los señalamientos o actuaciones indebidas de las autoridades ministeriales, lo que ha impedido al gobierno recuperar algunos bienes clave.

Los juicios no se limitan al decomiso de dinero: vehículos, inmuebles y otros activos también están siendo objeto de estos procedimientos, que buscan cortar el flujo de recursos que sostienen a los grupos criminales.

Especialistas destacan que si bien se han logrado avances, la efectividad de estas acciones depende del fortalecimiento de las capacidades institucionales, ya que la complejidad de los casos y la necesidad de probar la relación directa entre los bienes y las actividades ilícitas pueden prolongar los litigios por años.

En regiones como Baja California, marcadas por una histórica presencia del crimen organizado, estos juicios representan una vía concreta para debilitar a los cárteles desde su base económica. A pesar de los desafíos, el gobierno reafirma su compromiso con el uso de herramientas legales para recuperar lo que el narcotráfico ha robado al país.

Con información de Más Información.