CDMX. Madres, padres y personas buscadoras de desaparecidos clausuraron simbólicamente la puerta 2 del Palacio Legislativo de San Lázaro en protesta por las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley General en Materia de Desaparición. Las modificaciones fueron avaladas sin diálogo previo con los colectivos, lo que generó un amplio rechazo por parte de las familias afectadas, quienes acusan exclusión, simulación y violaciones a sus derechos.
Con pancartas que decían “Sin las familias, no” y “Espiar no es buscar”, los manifestantes denunciaron que el Congreso ignoró su exigencia de participar en el rediseño de la legislación. A pesar de haber solicitado desde hace tres meses un Parlamento Abierto, sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta junio de 2024 existen 129 mil 956 personas desaparecidas, con mayores concentraciones en Tamaulipas, Jalisco y Estado de México.
El dictamen aprobado por la Cámara baja —con 417 votos a favor y 60 en contra— contempla el uso de herramientas como la geolocalización en tiempo real y una CURP biométrica obligatoria como ejes del nuevo modelo de búsqueda. También se creará la Plataforma Única de Identidad (PUI), una base de datos centralizada que reunirá información biométrica y podrá ser consultada por instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN) y el INE, sin necesidad de orden judicial.
Para las familias, estas medidas representan un riesgo de vigilancia masiva, uso indebido de datos personales y un retroceso en los derechos adquiridos en la legislación vigente. Colectivos acusan que se prioriza una lógica de control estatal en lugar de fortalecer mecanismos de verdad, justicia y reparación.
Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo que convirtió la ex Glorieta de La Palma en la Glorieta de las y los Desaparecidos, calificó las reformas como “cosméticas” y una oportunidad desperdiciada. “No ayudan a encontrar a nuestros desaparecidos”, afirmó en entrevista con Proceso.
Verástegui denunció que el Congreso solo respondió con un acuse de recibo a la solicitud formal de Parlamento Abierto. En su opinión, las mesas organizadas por la Secretaría de Gobernación fueron una simulación, sin contenido temático y con participación limitada a quienes podían costear su traslado a la Ciudad de México.
Además, advirtió sobre el peligro de que el nuevo registro nacional sólo contemple casos a partir de 2018, lo que dejaría fuera a miles de personas desaparecidas antes de ese año, entre ellas su hermano y sobrino, desaparecidos desde 2009. “En su afán de reducir cifras, los legisladores no se dieron cuenta del daño que hacen al borrar el pasado”, declaró.
El dictamen será enviado al Ejecutivo para su promulgación. Mientras tanto, los colectivos exigen una revisión integral de las reformas, con participación real de quienes durante años han impulsado las búsquedas en medio de la inacción del Estado. Verástegui señaló que el proceso legislativo fue guiado por intereses mediáticos y de marketing político, sin compromiso real.
“La oposición hoy se desgarra las vestiduras, pero cuando estuvieron en el poder hicieron lo mismo”, sentenció. “No hubo lectura crítica del contenido ni revisión seria. Fue un trámite político, no una respuesta al drama nacional que representan los desaparecidos”.
La Plataforma Única de Identidad (PUI) estará vinculada al Banco Nacional de Datos Forenses, al registro de investigaciones penales y al sistema de alertas de desaparición. Para los colectivos, su uso indiscriminado sin supervisión judicial puede derivar en abusos, vigilancia sin control y criminalización de víctimas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en privacidad advierten que la reforma vulnera principios básicos de protección de datos personales y puede abrir la puerta a prácticas de espionaje.
Con información de Más Información.
