CDMX. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Estados Unidos debe asumir un mayor compromiso en el combate al lavado de dinero y al tráfico de armas, como parte de una estrategia bilateral para enfrentar los delitos transnacionales que afectan a ambos países.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria aseguró que su administración ha desplegado acciones contra grupos criminales dentro del territorio nacional, pero recalcó que el gobierno estadounidense también debe asumir su responsabilidad.
“Es nuestra insistencia a Estados Unidos, nosotros hacemos nuestra parte en nuestro territorio, pero es la insistencia a las instituciones de seguridad y justicia de Estados Unidos. Ellos tienen que hacer su parte en su territorio para lavado de dinero, para control de tráfico de armas”, expresó Sheinbaum, al referirse al trabajo conjunto necesario entre ambos gobiernos.
En su intervención, la presidenta recordó que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que más del 70 por ciento de las armas utilizadas en México ingresan de manera ilegal desde el país vecino. “Vamos a seguir insistiendo en que ellos hagan su parte. Es parte de los acuerdos que tenemos y nosotros desde nuestro país. Se necesita más de parte de ellos en el tráfico de armas”, agregó.
La mandataria insistió en que para lograr una disminución efectiva de estos delitos, se requiere mayor involucramiento por parte del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. En ese sentido, sostuvo que el problema del tráfico de armas no puede resolverse únicamente desde un solo lado de la frontera y que es indispensable una estrategia coordinada que incluya mecanismos más robustos de prevención, inteligencia y sanción.
Como parte de esta estrategia, el pasado 9 de junio se llevó a cabo en Ciudad de México la Tercera Mesa Redonda sobre el Combate al Tráfico de Armas y Explosivos, organizada por el Programa Internacional Antinarcóticos (INL) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). En la reunión participaron más de cien especialistas y autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de ambos países.
Durante el encuentro, México se comprometió a fortalecer su marco institucional mediante la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en una unidad especializada en investigación de armamento. También anunció la adopción de la plataforma eTrace, una herramienta tecnológica estadounidense que permite rastrear el origen de las armas utilizadas en hechos delictivos, así como el fortalecimiento del análisis balístico y el intercambio de información con Estados Unidos sobre nuevas tendencias, entre ellas el uso de drones armados.
La estrategia acordada también contempla la instalación de un laboratorio de explotación de datos para analizar la información obtenida por medio de drones incautados al narcotráfico. Este laboratorio tendría como objetivo identificar patrones, rutas y redes de operación vinculadas al tráfico de armas y otros delitos conexos, particularmente en zonas fronterizas.
Según datos oficiales, el mayor flujo de armas ilegales proviene de Estados Unidos hacia México. En las sesiones realizadas en junio, la ATF presentó casos en los que el uso de eTrace y el intercambio de inteligencia ya han dado lugar a decomisos relevantes y al desarrollo de investigaciones. También participaron agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Alguaciles (Marshals Service), que compartieron metodologías para la custodia y el almacenamiento de armamento incautado.
Por su parte, el gobierno mexicano ha mantenido una ofensiva jurídica contra el tráfico de armas. Aunque la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la demanda presentada por México contra fabricantes de armas, el litigio continúa en tribunales estadounidenses contra tiendas y distribuidores ubicados principalmente en el estado de Arizona. Esta acción forma parte del intento del gobierno mexicano por responsabilizar a los actores comerciales que facilitan el tráfico de armas hacia el país.
El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo reuniones con representantes de la sociedad civil en Estados Unidos, donde subrayó la necesidad urgente de frenar el flujo de armas hacia México. En sus declaraciones, destacó que aproximadamente 45 mil personas mueren cada año en territorio estadounidense a causa de la violencia armada, lo que evidencia, según sus palabras, la gravedad del problema para ambas naciones.
La presidenta Sheinbaum concluyó que, si bien existen mecanismos de cooperación ya establecidos, estos deben reforzarse. Afirmó que su administración mantendrá la exigencia hacia el gobierno de Estados Unidos para que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de seguridad regional, con el objetivo de reducir el impacto de la violencia armada y de las operaciones financieras del crimen organizado en ambos lados de la frontera.
Con información de Más Información.
