Culiacán. La escalada de violencia en Sinaloa, desatada tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio pasado, sigue dejando un reguero de muertes y enfrentamientos que han convertido al estado en un campo de batalla entre las facciones del narcotráfico. En respuesta a esta crisis, el Gobierno ha decidido reforzar su presencia en la entidad con el envío de 200 militares adicionales, que se suman a los 2,000 efectivos desplegados desde el verano.
El conflicto, protagonizado por las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, ha desatado mortales enfrentamientos que han cobrado la vida de centenares de personas. Las disputas tienen su origen en la detención de ‘El Mayo’ Zambada, un evento marcado por una presunta traición de Los Chapitos, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Tras su captura, Zambada fue trasladado a Estados Unidos, lo que no solo intensificó las tensiones locales, sino también las relaciones diplomáticas con el vecino del norte.
La llegada de los nuevos efectivos militares busca contener el caos que, según el secretario de Gobierno estatal, Feliciano Castro, responde a una violencia impredecible. Castro explicó que los enfrentamientos entre las fuerzas criminales no tienen horarios ni lugares fijos, dificultando las labores de prevención. “La llegada de otros 200 elementos de las fuerzas especiales de la Defensa es parte de los ajustes para responder cada día según las circunstancias”, declaró.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó recientemente Sinaloa para mostrar su apoyo a la población y destacar los esfuerzos de su administración en la lucha contra el crimen organizado. “Aquí está la presidenta, para proteger siempre al pueblo”, dijo, en un gesto que marcó un contraste con la política más distante de su predecesor.
La violencia en Sinaloa representa un reto clave para el gobierno de Sheinbaum, que debe demostrar avances en su estrategia de seguridad no solo a nivel interno, sino también en el plano internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, presionando a México para que actúe con mayor contundencia contra el narcotráfico, especialmente en el contexto de la crisis del fentanilo que azota a Estados Unidos.
El asesinato de Halexy Guadalupe V., miembro del área de inteligencia adscrita al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, junto con la muerte de un militar reportada por medios locales, subraya los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en Sinaloa. A pesar de estas bajas, el gobierno ha prometido justicia y un fortalecimiento de la presencia militar y policial en la zona.
Sinaloa se ha convertido en el escenario donde se pondrá a prueba la eficacia de las nuevas estrategias de seguridad del gobierno federal. Además de las acciones en este estado, se han desplegado medidas en otros puntos del país, como Chiapas, donde se creó un grupo especial de reacción inmediata para frenar el avance del crimen organizado, y el Estado de México, donde la Operación Enjambre busca desmantelar redes de colusión entre funcionarios y grupos criminales.
Sin embargo, Sinaloa sigue siendo el epicentro de un desafío crítico. Los ajustes en la estrategia de seguridad deberán rendir cuentas pronto, particularmente en enero, cuando el gobierno de Sheinbaum presente el balance de sus primeros 100 días. Este período será crucial para evaluar si las acciones implementadas logran frenar la ola de violencia que afecta al estado y envían un mensaje contundente tanto a los criminales como a la comunidad internacional.
Con información de Más Información.
