CDMX. La violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes, con el asesinato de 10 presidentes municipales en funciones en los últimos 12 meses, reflejo de una creciente vulnerabilidad de los gobiernos locales frente al avance del crimen organizado.
El caso más reciente es el de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, quien fue acribillado el pasado 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos.
Según información publicada por Infobae, los crímenes contra autoridades municipales se han concentrado en entidades como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde los alcaldes han sido blanco de emboscadas, ataques directos e incluso ejecuciones dentro de sus propios domicilios. Estos atentados muestran el grado de riesgo que enfrentan los funcionarios locales, quienes en muchas ocasiones carecen de protección suficiente, pese a estar al frente de tareas clave como la seguridad pública, los permisos administrativos y el manejo de recursos.
El primero de estos asesinatos ocurrió el 6 de octubre de 2024, cuando Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo (PRI), fue decapitado tras participar en una actividad oficial. Le siguieron los homicidios de Román Ruiz Bohórquez (Morena), presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, apuñalado en su casa el 15 de octubre, y Jesús Franco Lárraga (Morena), de Tancanhuitz, San Luis Potosí, emboscado en una carretera el 15 de diciembre.
En 2025 la situación se agravó. El 15 de mayo, Mario Hernández García (Morena), edil de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue ejecutado en un camino rural. El 2 de junio murió Isaías Rojas Ramírez (PT), alcalde de Metlatónoc, Guerrero, tras varios días hospitalizado por un ataque armado. Tres días después, Salvador Bastida García (PRD), de Tacámbaro, Michoacán, fue acribillado mientras circulaba por la cabecera municipal.
La violencia continuó el 15 de junio con el asesinato de Lilia Gema García Soto (Morena), presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, junto con un representante comunitario, dentro del Palacio Municipal. El 17 de junio, Martha Laura Mendoza Mendoza (Morena), alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, fue ejecutada junto con su esposo en una zona con fuerte presencia criminal. El 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano (PRI), presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado cuando regresaba a su casa.
Especialistas en seguridad advierten que los municipios representan el eslabón más frágil en la estructura institucional del país, pues los alcaldes suelen estar expuestos y se enfrentan directamente a las presiones de grupos delictivos que buscan controlar territorios y recursos locales. La violencia política, aseguran, está estrechamente relacionada con la disputa entre organizaciones criminales, que ven en las alcaldías una vía para expandir su influencia.
Ante este panorama, se ha hecho un llamado urgente a reforzar los esquemas de seguridad para los ediles, sobre todo en regiones de alta incidencia delictiva, y a implementar protocolos de protección más eficaces que frenen esta escalada de asesinatos que mina la gobernabilidad en distintas zonas del país.
Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas
El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, denunció ante la Fiscalía General del Estado haber sido víctima de amenazas por parte de presuntos grupos criminales.
El edil reveló que, por primera vez en sus cuatro años de gestión, enfrenta una situación de este tipo, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal hace aproximadamente dos meses. Las intimidaciones, según explicó, ocurrieron a través de llamadas y mensajes telefónicos.
De acuerdo con una publicación de Animal Político, tras interponer la denuncia, Arreola recibió ofrecimientos de apoyo en materia de seguridad pública para el municipio, lo cual, dijo, ha sido una solicitud constante de su administración.
El alcalde expresó su preocupación por la falta de protección que enfrentan los presidentes municipales ante el avance del crimen organizado.
Con información de Más Información.
