Chihuahua, Chih. La gobernadora María Eugenia Campos dijo desconocer la recomendación 12/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para desarrollar medidas que erradiquen la desnutrición infantil en la Sierra Tarahumara.

“No tengo conocimiento de esta recomendación…sabemos que sucede en la Sierra pero no es un año y medio para acá sino de toda la vida”, puntualizó la mandataria estatal .

Precisó que están distribuyéndose unos 30 mil suplementos alimenticios para la población menor en la zona serrana y no porque todos los niños estén en situación de desnutrición, sino como forma de prevención.

La recomendación también incluye la atención a madres embarazadas quienes se encuentran en una situación similar a la de los menores a lo que recordó la ampliación del Centro de Recuperación  y Albergue Materno (CERENAM) en Guachochi que, además, atiende a municipios cercanos.

La resolución de la CNDH en sus 121 páginas, emite cuatro medidas a desarrollar por las administraciones de María Eugenia Campos Galván y Julio César Chávez Ponce, presidente municipal de Guadalupe y Calvo.

Las medidas que contiene la recomendación de CNDH

Primero, en las medidas de restitución, los  sistemas DIF estatal y municipal en coordinación con los sistemas locales de salud deberán dotar de un Centro de Salud a la comunidad de Choréachi con instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura y personal médico que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios brindados.

En cuanto a las medidas de rehabilitación, deberán asegurar la atención médica, psicológica y tanatológica así como servicios jurídicos y sociales para hacer frente a los efectos sufridos a causa de las violaciones a sus Derechos Humanos. Estos servicios deberán brindarse de manera gratuita, inmediata y accesible para las víctimas con pertenencia cultural.

La tercera trata de medidas de compensación, por lo que deberán reparar el daño causado, ya sea material o inmaterial. Aquí incluye el acercamiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) y sus respectivos trámites.

La cuarta y última, va en el orden de la no repetición: de manera individual, las autoridades deberán de implementar en un plazo máximo de seis meses una vez aceptada la recomendación, un curso sobre capacitación y formación en materia de Derechos Humanos a personal de la Secretaría de Salud del estado y del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo.

“Creemos que una política pública que se genere, sería un resultado muy bueno, una que realmente atienda a la población infantil y a las madres embarazadas, una política pública efectiva y asertiva”, dijo la abogada de la organización.