CDMX. La seguridad social en México y Latinoamérica enfrenta retos estructurales que comprometen su sostenibilidad y equidad, derivados de factores como la alta informalidad laboral, la desigualdad y los déficits financieros. Aunque algunos países han implementado reformas para abordar estos problemas, las soluciones a largo plazo siguen siendo inciertas.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son las principales instituciones públicas encargadas de la seguridad social.

El IMSS atiende a más de 75 millones de personas, mientras que el ISSSTE da cobertura a 13.5 millones. Adicionalmente, el programa IMSS-Bienestar ofrece atención médica gratuita a quienes no están afiliados a la seguridad social. Sin embargo, la persistente informalidad laboral limita el alcance del sistema, dejando a una gran parte de la población sin acceso a servicios esenciales de salud y pensiones.

En la región, la informalidad laboral es un desafío común. Países como Perú, Venezuela, El Salvador, Honduras y Bolivia tienen tasas de empleo informal que superan el 70%. Este fenómeno reduce la base contributiva y ejerce presión sobre los sistemas de seguridad social, afectando tanto la cobertura como la calidad de los servicios.

Perú destaca por una cobertura de salud del 89.1%, principalmente a través del Seguro Integral de Salud (SIS), pese a que el 71.2% de su población económicamente activa trabaja en la informalidad. Sin embargo, solo el 34.9% de los adultos mayores están afiliados a un sistema de pensiones.

Venezuela, con una informalidad del 70%, enfrenta una grave crisis en su sistema de seguridad social. Los pensionistas reciben ingresos mínimos complementados con bonos gubernamentales, mientras que los hospitales públicos operan con recursos escasos.

En Colombia, una reforma que entra en vigor en 2025 busca aumentar la cobertura de pensiones del 24% al 87% para 2052 mediante un sistema mixto. Sin embargo, la alta informalidad laboral (50%) y la brecha de género son obstáculos significativos.

Argentina financia su sistema de seguridad social mediante aportes del 11% del salario de los trabajadores y un 16% por parte de los empleadores. Aunque el sistema cubre asignaciones familiares, pensiones y desempleo, enfrenta problemas de sostenibilidad debido al envejecimiento poblacional y el déficit fiscal.

En Brasil, el sistema afronta una crisis por el acelerado envejecimiento de la población. Aunque una reforma en 2019 estableció una edad mínima para la jubilación, el déficit sigue creciendo.

Chile, pionero en sistemas de capitalización individual, enfrenta críticas por las bajas pensiones que ofrece, especialmente a las mujeres. Una reforma pendiente busca adoptar un sistema mixto, pero enfrenta resistencias políticas.

En países como Uruguay, Costa Rica y Panamá, las recientes reformas han generado tensiones sociales, ya sea por el aumento en la edad de jubilación, la eliminación de la jubilación anticipada o el incremento de las contribuciones obrero-patronales. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad de los sistemas, pero a menudo encuentran resistencia de la población.

En Cuba, aunque la cobertura sanitaria universal es un logro destacado, la calidad de los servicios enfrenta desafíos debido a la crisis económica. En República Dominicana, aunque el régimen subsidiado ha ampliado la cobertura de salud, la alta demanda y la informalidad laboral limitan los avances.

Nicaragua, tras protestas masivas por reformas al sistema en 2018, enfrenta una alta informalidad laboral que supera el 70%, dejando a una gran parte de la población sin acceso a seguridad social.

La región debe abordar las profundas desigualdades y la alta informalidad laboral para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. México, con su vasta experiencia en programas como el IMSS-Bienestar, podría liderar esfuerzos para extender la cobertura y atender las necesidades de la población no afiliada, sirviendo de ejemplo para otros países en la región.

El éxito de estas reformas dependerá de la capacidad de los gobiernos para generar consenso y equilibrar las necesidades de equidad, sostenibilidad y eficiencia en sus sistemas de seguridad social.

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