CdMx. En los últimos cuatro años, el Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República (CECAFP) ha comprometido parte de su presupuesto en contratos que favorecieron a empresas recién creadas, que no contaban con la experiencia necesaria, tenían objetos sociales distintos a los cursos dictados o no presentaron las mejores ofertas económicas y, también, a sociedades fantasma.

La falta de planificación en ese centro educativo del Senado mexicano y el incumplimiento de los estatutos internos para elegir a los proveedores son algunas de las situaciones que originaron estas irregularidades. Esta investigación periodística, publicada por CONNECTAS, logró detectar que, de los 58.5 millones de pesos (3.2 millones de dólares) que repartió el CECAFP en contratos entre enero de 2019 y diciembre de 2022, al menos unos 25.71 millones de pesos (1.4 millones de dólares) quedaron en manos de ese tipo de empresas.

En esos años el CECAFP contrató o firmó convenios con al menos 75 compañías o instituciones públicas para ofrecer unos 200 cursos, talleres, licenciaturas y posgrados. Para escoger a las que dictan las conferencias, cursos, talleres, diplomados, licenciaturas y posgrados destinados al personal del Senado, el centro recibe información de diferentes áreas sobre las necesidades de capacitación de los trabajadores del legislativo. El proceso que sigue, tal como está establecido en el artículo 12 numeral VIII del Estatuto del Servicio Civil de Carrera que rige los procesos internos del CECAFP, es que la dirección de este centro debe realizar el diagnóstico de necesidades en colaboración con la Secretaría Administrativa y con la Secretaría Parlamentaria de la cámara legislativa.

Una vez que se identifican las necesidades del personal, el área administrativa del CECAFP realiza un estudio del padrón de proveedores del Senado, analiza las propuestas económicas, verifica que los proveedores que presentan ofertas cumplan con las especificaciones académicas y técnicas, y realiza un dictamen que determina si las empresas se ajustan a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Esa decisión se traslada a la dirección de adquisiciones, que determina si se aprueba o no la contratación, de acuerdo a los principios señalados en los artículos 12, 13, 14, 15 y 99 de las Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores. La aprobación final recae en la mesa directiva del Senado.

Pero desde octubre de 2019 no existe una planificación anual, como sí ocurría en el pasado. Ahora las capacitaciones se eligen según la coyuntura, y se priorizan las solicitudes de cursos realizadas por los senadores u otras autoridades de esa cámara legislativa.

“¿Por qué no ve una planificación hasta diciembre de nuestros cursos? Porque son coyunturales, porque muchas de las peticiones que hacen los senadores o los secretarios técnicos o la Secretaría de Administración o de Asuntos Parlamentarios, son de acuerdo a las agendas que se van tratando en el Senado”, dijo Cinthya Murrieta Moreno, directora del CECAFP en una entrevista para esta investigación.

Murrieta Moreno llegó al centro de capacitación en septiembre de 2018 como jefa de la unidad operativa. En octubre del año siguiente asumió como directora interina, luego de que Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez fuera removida de su cargo. Su nombramiento definitivo ocurrió en febrero de 2020, al mes siguiente de obtener su título y cédula de licenciatura, que son requisitos para ocupar la dirección del CECAFP.

Su llegada a la institución marcó un cambio en el tipo de las empresas que recibían los contratos. Empezaron a sumarse compañías recién creadas, fantasmas, que no contaban con experiencia, tenían otros objetos sociales diferentes al educativo o presentaban propuestas más caras que las de sus pares, según decenas de documentos oficiales revisados para esta investigación.

También se registró un aumento considerable del presupuesto del CECAFP. Durante la gestión de Murrieta Moreno, los gastos del centro han pasado de 11.4 millones de pesos (cerca de 622 mil dólares) en 2019 a 21.8 millones (1.18 millones de dólares) al cierre de 2022, casi el doble.

Contratos bajo la lupa

Casi la mitad de lo pagado por el Cecafp en capacitaciones entre fines de 2019 y 2022 favoreció a empresas que no presentaron las mejores ofertas económicas, a sociedades recién creadas, sin la experiencia necesaria, con objetos sociales distintos a los cursos dictados y a compañías fantasma.

Antes de 2019, durante la administración de Vargas Ramírez, se contrataban cursos y talleres, pero también se acordaron otros de forma gratuita bajo la figura de convenios firmados entre el Senado e instituciones, organismos o funcionarios públicos. También, se buscaron descuentos a través de acuerdos con instituciones educativas, según dijo la exdirectora Vargas Ramírez en una entrevista ofrecida al canal del Congreso mexicano en agosto de 2019.

Si bien las normas indican que corresponde a la dirección de adquisiciones aprobar la contratación de las empresas, Murrieta Moreno y su equipo del CECAFP eligen los cursos y sus proveedores, aunque no han dejado del todo claro si existen requisitos puntuales para determinar la idoneidad de una empresa sobre otras. En dos ocasiones, el equipo de periodistas solicitó vía transparencia qué reglas se aplican para seleccionar a las empresas que dictan las capacitaciones, pero la respuesta fue genérica. “Se eligen las mejores opciones del padrón de proveedores del Senado”, respondió por escrito Murrieta Moreno en julio de este año. Se insistió sobre cómo se determinan esas mejores alternativas y la réplica fue que se revisaran los anexos de los contratos, en los que solo se detallan los aspectos técnicos que deben cumplir los proveedores a la hora de impartir las capacitaciones.

Ya en entrevista para esta investigación, Murrieta Moreno relató que ella recorre los pasillos del Senado y los empleados le piden que dé cierto curso, y ella los toma en cuenta. “Ustedes no están aquí todos los días (…) Yo voy por los pasillos del Senado y me dicen ‘licenciada, que buen curso’, ‘oiga, licenciada, ¿por qué no hace un curso de salud mental? ¿Por qué no hace un curso del alma? Yo sé que les llama la atención (…), pero lo que necesitan (los trabajadores del Senado) es un tema integral”, dijo la directora del CECAFP.

Viejos conocidos

PublicWeb S.A. de C.V. es una de las empresas que ha recibido contratos para impartir cursos en el Senado. Lo llamativo es su amplio objeto social: se dedican a la venta de kits de pulseras de plástico, libretas, jardinería, producción audiovisual, comercialización de medicinas y hasta organización de itinerarios turísticos, entre otros. Con el Senado han ganado contratos para estudios de impacto ambiental y de gestión para la cámara legislativa, y desde octubre de 2021 ofrecen capacitaciones a los trabajadores del legislativo.

La evidencia documental disponible en el Registro Público de Comercio refiere que la empresa modificó y sumó el servicio de cursos y capacitaciones en enero de 2023, aunque 15 meses antes ya había recibido su primer contrato con el CECAFP. Sin embargo, al ser un sistema declarativo y no constitutivo, la empresa pudo tener más movimientos, aunque aún no son reflejados.

Uno de los inversionistas de la empresa es Eli Meir Puszkar Reich, quien impartió para el CECAFP cursos de temas tan variados como “Presentaciones de alto impacto”, “Liderazgo de alto impacto”, “El futuro del campo: retos y oportunidades del sector agrícola en México” y “Comunicación estratégica para redes sociales”. Con esas charlas, PublicWeb S.A. de C.V se llevó 534 mil pesos (más de 29 mil dólares) en contratos con el centro de capacitación.

Se contactó vía telefónica a Publicweb y una representante dijo que la empresa cuenta con más de 20 años de experiencia y que Eli Meir Puszkar es catedrático con una amplia formación en universidades de alto prestigio en México. Explicó que su amplio objeto social se debe a que la compañía realiza ofertas de muchas dependencias de gobierno y con el sector privado.

Entre los años 2015 y 2017, PublicWeb fue proveedora de la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, cuando el senador con licencia Ricardo Monreal estaba al frente de esa delegación. Allí, la empresa recibió al menos 14 contratos por 50 millones de pesos (2.8 millones de dólares) para suministrar pizarrones, pinturas, plumones, imanes, libros, juegos de mesa, juguetes, entre otros materiales para ludotecas y centros culturales.

El salto de la alcaldía Cuauhtémoc al Senado mexicano no solo ocurrió con esta empresa. Varios funcionarios que hoy ocupan cargos directivos en ese cuerpo legislativo llegaron de la mano de Monreal, apenas éste se convirtió en presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). También pidió incluir a otras personas para las áreas administrativa y jurídica, ambas con participación en la autorización y vigilancia de los proveedores del Senado, según lo previsto en el Estatuto del Servicio Civil de Carrera y las Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores.

Los nuevos proveedores

En diciembre de 2019, apareció en el mapa de proveedores del Senado una empresa de reciente data llamada Soluciones en Decisiones Comerciales S.A. de C.V. Creada el 4 marzo de 2019, obtuvo 14 contratos —por un total de 800 mil pesos (unos 43 mil dólares)— para dictar cursos de todo tipo: ortografía, negociación de conflictos, seguridad informática, metaliderazgo, organizaciones resilientes, entre otros.

El equipo de periodistas pudo hablar con uno de sus fundadores, Luis Lanto, quien habita en una unidad popular en el barrio Santa Martha Acatitla, que colinda con Ciudad de México. Inicialmente vinculó la empresa a su padre, que se llama como él, y dijo que la habían cerrado y por eso “debe haber algo raro”, aunque nunca negó la existencia o relación del nombre Luis Lanto con Soluciones en Decisiones Comerciales S.A. de C.V. Sin embargo, a la fecha de publicación de este reportaje, la empresa sigue activa en el registro comercial de la Secretaría de Economía.

Según los documentos mercantiles revisados para esta investigación, en diciembre de 2019 –mes en que la compañía recibió su primer contrato del CECAFP– Alfonso Nacer Gobera, uno de los propietarios del Grupo Nacer Global, llegó a Soluciones en Decisiones Comerciales S.A. de C.V. y se convirtió en accionista mayoritario.

Otra de las proveedoras del CECAFP, es Decenium Pro S.A. de C.V., que fue constituida el mismo día que Soluciones en Decisiones Comerciales, y que ha tenido un recorrido similar. También en diciembre de 2019, a los accionistas originales –Maximiliano Gonzaga Perez (empleado de la Universidad ICEL, del Grupo Nacer) y Maria Eva Ruiz Lopez– los acompañó Nacer Gobera. Luis Lanto, uno de los fundadores de Soluciones en Decisiones Comerciales, también aparece en esta empresa, pero como comisario. Nueve meses más tarde, en septiembre de 2020, Decenium Pro se convirtió en proveedora del Senado y recibió del CECAFP un total de cuatro contratos por 292 mil pesos (más de 16 mil dólares). Se solicitó una entrevista con Nacer Gobera, pero no se recibió respuesta hasta el momento de esta publicación.

Durante cinco meses se buscó a estas dos empresas. En el domicilio que inscribieron en los contratos y ante el Registro de Comercio hay un edificio habitacional y nadie dio razón de las empresas o sus socios, solo se encontró un cartel que decía que era dirección de Servicios de Desarrollo Patrimonial del Sureste, que es una filial de Nacer Global, según una nota de prensa. Al llamar a sus teléfonos, contestó personal de la Universidad Icel (también del Grupo Nacer), quienes dijeron conocer de la existencia de las empresas.

Al revisar cientos de contratos, facturas, temarios, documentos del CECAFP, archivo fotográfico y reporteo en campo, esta investigación encontró que Soluciones en Decisiones Comerciales S.A. de C.V y Decenium Pro S.A. de C.V. facturaron los cursos, pero éstos fueron impartidos por profesionales independientes pagados por la Universidad Icel.

Al preguntar a Murrieta Moreno por qué se contrató a estas dos empresas que mostraron operaciones tan particulares, la directora del CECAFP contestó: “Yo no checo (reviso) lo administrativo. No sé si están instaladas o no tienen oficina. Eso no lo veo yo”. Agregó que no conocía a Soluciones en Decisiones Comerciales S.A. de C.V y Decenium Pro S.A. de C.V. y desconocía que tenían relación con Nacer Gobera. En fotografías publicadas en las redes sociales del CECAFP aparece Murrieta Moreno dando la bienvenida o cerrando cursos de estas dos empresas, y en las láminas de la presentación aparecen los logotipos del Grupo Nacer Global y el Senado.

“No sabía que Soluciones era de ellos (Nacer Global). (…) No vinieron conmigo, no conozco al de Soluciones. Pues mire, ¡qué lástima! Porque se desvirtúa un trabajo que nos ha costado mucho para que una cosa así desvirtúe nuestro paso por aquí”, respondió la directora del CECAFP en entrevista para esta investigación.

El súper contrato

El contrato más costoso en la historia del centro de capacitación se firmó en octubre de 2020 con la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep) —de Grupo Nacer Global— por 13.4 millones de pesos (731 mil dólares) por el Servicio del Programa de Licenciaturas y Posgrados online para servidores públicos del Senado. Ese contrato desplazó al de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y otras escuelas que brindaban el servicio civil de carrera con costos mucho más bajos. Por ejemplo, el contrato por la maestría en Derecho de la UNAM en 2019 y 2021 fue por 1.5 millones de pesos (casi 82 mil dólares) cada año, mientras que la maestría en Administración Pública del INAP en 2019 costó 1.5 millones de pesos (cerca de 82 mil dólares) y por su doctorado en 2021 se pagaron 2.6 millones de pesos (142 mil dólares).

El costo de esta contratación pasó por la aprobación del Comité de Adquisiciones Obras y Servicios del Senado. Ante este órgano, Murrieta Moreno defendió que Unidep era la única opción que podría brindar las licenciaturas y maestrías personalizadas que se requerían para el personal, además que terminaban en menor tiempo y era la mejor oferta económica. “Gana más el Senado con este contrato que la institución (Unidep), es un gran programa que tiene mucha demanda”, dijo en ese momento.

En 2020, la Contraloría del Senado señaló que el CECAFP se saltó pasos para contratar este programa. Según los documentos, la adjudicación se realizó sin acreditar constancia de suficiencia presupuestal.

En septiembre de 2022, el CECAFP volvió a contratar los servicios de Unidep, para los programas de posgrados en línea, un contrato que costó al menos 10.4 millones de pesos (alrededor de 568 mil dólares).

En entrevista para este reportaje, la directora del CECAFP dijo que Unidep ya estaba en el padrón de proveedores del Senado cuando ella llegó al centro de capacitación. “Se presentaron muchas universidades, escuelas. (…) y ellos presentaron esta oferta educativa, y son pioneros, entiendo yo, en la educación en línea. Era una pandemia, era muy importante. Es un contrato grande, son muchos egresados, pero no, conmigo (Unidep) no tiene ningún arreglo o tipo de cosa, ni los conocía yo”, respondió Murrieta Moreno.

Conectar con lo importante

La llegada de Murrieta Moreno al CECAFP coincide con el momento de la pandemia que ciertamente diversificó el estilo de las capacitaciones ofrecidas, atendiendo a temas más personales, como el manejo del duelo, del confinamiento y bienestar personal. Pero esos cursos no fueron impartidos por expertos de la salud, sino en mayoría por coaches de crecimiento personal.

La actriz, conductora televisiva y activista vegana Claudia Lizaldi, por ejemplo, impartió un curso sobre salud mental llamado “Conectar con lo importante para atender lo trascendente” por el que el Senado pagó casi 90 mil pesos (cerca de 5 mil dólares). Según la evidencia documental —obtenida vía transparencia—, en este último Lizaldi propuso a los asistentes del curso comer menos pollo, carne y pescado, así como meditar, hacer ejercicio y orar a la par de tomar agua caliente con limón, vivir en armonía con la tierra, porque ser feliz “es un acto de rebeldía”.

La directora del CECAFP respondió que este tipo de contrataciones se hacen por un asunto de diversidad. “Tiene que haber diversidad en todas las cosas que hacemos, en todas. Además, la ley es muy clara: tengo que dar (contratos) a instituciones, pero también a Pymes y personas como ella. Yo no tenía el gusto de conocer a Claudia Lizaldi, no es mi amiga, no teníamos relación alguna. ¡Vaya! No le di un curso porque fuera mi cuata, o porque alguien me la recomendó, eso es muy importante que lo anote”, declaró.

Al curso “Conectar con lo importante para atender lo trascendente” asistieron 51 personas, de las cuales 18 no laboran en el Senado, pese a que el estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado señala que los cursos, talleres, licenciaturas y posgrados deben ser para satisfacer las necesidades del personal de esa cámara. Los asistentes externos eran cinco miembros de la Secretaría de Marina, cinco del municipio de Chilpancingo, tres del gobierno de Hidalgo y cinco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Murrieta Moreno dijo que estas asistencias externas se deben a los convenios que el CECAFP ha firmado con gobiernos estatales u otras dependencias de gobierno para beneficiar a sus trabajadores.

Otra conferencia que el CECAFP contrató con una coach fue “Camino a la plenitud”, por un costo de 90 mil pesos (unos 5 mil dólares) y dos cursos llamados Proyecto de Vida, Placer y Realización por 180 mil pesos (cerca de 10 mil dólares). Julieta Marvi los impartió. Es licenciada en contabilidad y finanzas, coach y se especializa en “semiología de la vida cotidiana”, un modelo para el autoconocimiento, según su sitio web.

A pesar de estos poco usuales contratos que se han dado en el CECAFP en los últimos cuatro años, su directora aseguró que su administración ha sido la más activa, detallando que ha realizado 14 mil 191 acciones, y agregó que no hay actos de corrupción en el centro de capacitación.

“Los invito también a que comenten la labor que se hace, porque debería ser prioridad en todas las dependencias, en todas las instancias. Este país requiere que estén capacitadas las personas que llegan a trabajar. (…) Aquí no tengo corrupción porque yo procuro no ver los proveedores, o lo que sea, y mis cursos valen 75 mil pesos (unos 4 mil dólares), los topé (comparé) con la UNAM. Nadie me lo dijo, pero ahí está”, agregó Murrieta Moreno.

Con información de Connectas