CDMX. A pesar de haber sido aprobada en tiempo récord por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas estatales, la reforma constitucional que impediría que el aumento anual al salario mínimo se ubique por debajo de la inflación permanece congelada, al no haberse completado el último trámite legislativo.

La iniciativa, que forma parte del Plan C impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue presentada como una medida de justicia histórica y recibió su aprobación en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre, en el Senado de la República el 9 de octubre, y fue avalada por 17 congresos estatales para el 14 de octubre. A la fecha, 31 congresos estatales han aprobado la reforma, superando el umbral necesario para su validación constitucional.

Sin embargo, la Cámara de Diputados no ha llevado a cabo el cómputo de las legislaturas ni emitido la declaratoria de reforma constitucional, último paso antes de su promulgación por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con especialistas, esta omisión podría impedir que la reforma se aplique a inicios de 2025, fecha en la que correspondería el primer ajuste salarial bajo las nuevas disposiciones.

La iniciativa modifica diversas fracciones del artículo 123 constitucional y tiene dos objetivos fundamentales: evitar que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual, protegiendo así el poder adquisitivo de los trabajadores, establecer que el salario mínimo para maestros, policías, guardias nacionales, médicos, enfermeras y personal militar no sea inferior al salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS;

La exposición de motivos presentada por López Obrador subrayó la necesidad de garantizar incrementos salariales sostenidos, a fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo registrada en periodos anteriores. “Los incrementos anuales al salario mínimo deben mantenerse y nunca volver a ubicarse por debajo de la inflación”, detalla la iniciativa.

Durante el sexenio de López Obrador, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos en 2024, lo que representó incrementos anuales de hasta un 20%. No obstante, la iniciativa reconoce que, a pesar de los avances, el salario mínimo aún se encuentra un 36% por debajo del máximo histórico alcanzado en 1976.

Además, la reforma destaca las disparidades salariales en sectores clave para el desarrollo social, como la educación, salud y seguridad. De acuerdo con la iniciativa: el salario promedio mensual de los afiliados al IMSS es de 16,152 pesos; maestros perciben en promedio 12,500 pesos; policías y guardias del Servicio de Protección Federal ganan alrededor de 6,800 pesos; guardias nacionales y soldados del Ejército perciben entre 16,000 pesos; personal de enfermería del IMSS recibe entre 5,752 y 9,645 pesos, y médicos del IMSS perciben entre 9,184 y 12,095 pesos.

La reforma busca garantizar un ingreso digno para quienes desempeñan labores esenciales en el país. “Es un acto de justicia establecer a nivel constitucional que maestros, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros perciban un salario mensual que no sea inferior al salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS”, señala el documento aprobado.

Organizaciones y especialistas han cuestionado el retraso en la declaratoria, acusando a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de aplicar un “veto de bolsillo” que frena la entrada en vigor de la reforma. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que este trámite podría realizarse durante el periodo de la Comisión Permanente, que será instalada este martes en la Cámara de Diputados.

Fernández Noroña explicó que la declaratoria de validez constitucional puede ser pronunciada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, del Senado o de la Comisión Permanente, lo que podría destrabar la reforma en los próximos días.

A pesar del retraso, la reforma representa un cambio significativo en la política salarial del país, con el objetivo de garantizar condiciones laborales más justas y proteger a los trabajadores de la pérdida de su poder adquisitivo frente a la inflación.

Con información de Más Información.