San José, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un zapatista de etnia chol desaparecido en 1999 durante la guerra contrainsurgente contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La sentencia, emitida por unanimidad, reconoce que el caso no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal contrainsurgente.

Antonio González vivía en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, una región particularmente afectada por la violencia de grupos paramilitares durante los años noventa. El 18 de enero de 1999, González salió de su casa acompañado de Juan Regino López Leoporto, cliente de la tienda cooperativa zapatista donde trabajaba, y nunca regresó. Desde entonces, su familia, encabezada por su pareja Zonia López Juárez, emprendió una lucha incansable por verdad y justicia que los llevó a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2000.

“La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco del contexto de violencia en Chiapas, que se intensificó a partir de 1994 con el alzamiento del EZLN”, señaló el tribunal en un comunicado. También destacó que el Estado mexicano implementó el Plan Campaña Chiapas de 1994, que permitió la actuación de grupos paramilitares con apoyo, tolerancia y aquiescencia oficial para neutralizar organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN.

La sentencia ordena al Estado mexicano continuar las acciones de búsqueda de González Méndez, desclasificar los archivos relacionados con el caso, y esclarecer y sancionar penalmente a los responsables. Estas investigaciones deben incluir a antiguos miembros de los grupos paramilitares y a los actores militares y políticos que colaboraron o permitieron su actuación.

“El fallo desmantela la narrativa oficial que minimizaba la violencia de los años noventa como simples conflictos intercomunitarios”, afirmó Emiliano Vergara Muñoz, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que representa a la familia. “Obliga al Estado a reconocer el rol de los paramilitares en el marco de una política estatal contrainsurgente y amplía las posibilidades de esclarecer otros casos de la época”.

La resolución también exige la implementación de un programa de formación para agentes estatales en Chiapas sobre investigaciones de desapariciones y la creación de un registro único y actualizado de personas desaparecidas. Sin embargo, no incluyó la creación de una Comisión de la Verdad, una de las demandas principales de la familia, para el esclarecimiento histórico de la guerra contrainsurgente en Chiapas.

Magdalena González López, hija de Antonio, recibió la sentencia con sentimientos encontrados: “Estamos felices y a la vez tristes. Tristes porque han sido muchos años de lucha y porque todavía no hay rastro de él. Pero nunca nos desanimamos; seguiremos buscando a mi papá hasta encontrarlo”.

La desaparición de González es un recordatorio de los estragos de la guerra contrainsurgente en Chiapas, donde operaron al menos 13 grupos paramilitares, como Desarrollo, Paz y Justicia, responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos. Algunos de sus integrantes, incluso, llegaron a ocupar cargos públicos en el gobierno estatal y municipal.

A 26 años de la desaparición, la sentencia de la Corte IDH representa un avance significativo para las víctimas de la violencia paramilitar y sus familias, aunque el camino hacia la justicia y la reparación aún enfrenta retos importantes. Para Magdalena y sus hermanos, esta lucha incansable sigue vigente. “Seguiremos caminando y buscando hasta encontrarlo”, concluyó.

Con información de Más Información.