CDMX. A partir de este primero de Julio, entró en vigor el programa piloto de incorporación al régimen de seguridad social para repartidores y conductores de plataformas digitales como Uber, DiDi, Rappi y Cabify. Esta medida, impulsada por el Gobierno federal, busca garantizar prestaciones laborales como vacaciones, aguinaldo, protección ante accidentes y seguridad social para miles de trabajadores del sector.
Las empresas tecnológicas tendrán un periodo de seis meses para adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones. Durante este tiempo deberán registrar a sus colaboradores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), proporcionar contratos formales validados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y garantizar derechos laborales como atención personalizada en caso de conflictos algorítmicos y desconexión digital fuera del horario de trabajo.
Según las reglas del programa, quienes generen ingresos netos mensuales iguales o superiores al salario mínimo en la Ciudad de México —aproximadamente 8 mil 400 pesos— serán considerados trabajadores subordinados. Quienes ganen menos serán clasificados como trabajadores independientes, con opción de incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS.
Durante el primer mes, las plataformas deberán clasificar a sus colaboradores e informar al IMSS. Además, tendrán que reportar altas, bajas, modificaciones salariales y pagar cuotas obrero-patronales antes del día 17 de cada mes. Los ingresos netos se calcularán aplicando un porcentaje deducible del ingreso bruto, dependiendo del tipo de vehículo utilizado. Este porcentaje será de hasta 60% en los primeros tres meses y se reducirá progresivamente a partir de octubre.
A nivel fiscal, se mantendrá el esquema de “Actividades empresariales con ingresos por plataformas tecnológicas”, aunque la retención de impuestos se hará con base en el promedio de ingresos semestral para tomar en cuenta la variabilidad de este tipo de empleo.
Pese a que la iniciativa busca formalizar el empleo en plataformas, ha generado inconformidad entre los repartidores y conductores. Muchos temen que la regulación limite su flexibilidad laboral, afecte sus ingresos y les imponga una mayor carga tributaria. Algunos trabajadores han expresado incertidumbre ante la falta de información detallada sobre el impacto financiero de estos cambios.
Por otro lado, las plataformas que incumplan con el registro, la contratación, el pago de cuotas o la transparencia algorítmica podrían enfrentar sanciones económicas que van desde los 28 mil hasta los 2.8 millones de pesos.
La implementación de este programa representa un paso significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de quienes trabajan en la economía digital, pero su éxito dependerá en gran medida de la forma en que se comuniquen y ejecuten los cambios en los próximos meses.
Con información de Más Información.
