Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el Informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma que modifican diversos ordenamientos legales que son conocidas en la opinión pública como el Plan B

Los cambios fueron publicados el pasado 27 de diciembre de 2022 y se hicieron a las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas; de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continuará a partir del 1 de febrero.

El documento analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución, y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE

Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.

El Informe tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada del órgano del Estado mexicano encargado, junto con los Organismos Públicos Locales, de organizar los comicios para la renovación de las instancias públicas mediante el sufragio, sobre los riesgos que podrían ocasionarse con algunas de las reformas y, especialmente, para el ejercicio, garantía y defensa de derechos político-electorales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.

“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, indicó Córdova Vianello.

En este sentido, el Consejero Presidente apeló a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país de quienes tendrán que resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas del “Plan B”. “Que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.

El INE, recalcó, acudirá a todas las instancias legales “para defender la democracia, garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías y también, por supuesto, mayorías a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que éste sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México”.

Durante la reunión, se hizo énfasis en puntos muy específicos: implica retroceso en materia de igualdad de género y no discriminación; en materia de fiscalización se abre la oportunidad a la simulación y ocultamiento de operaciones; afectaciones en materia de organización electoral; y  afecta esquema de integración de casillas

Además se pondría en riesgo un Padrón Electoral confiable; se limita función de los OPLE y la fusión de Dirección Jurídica y Unidad de lo Contencioso Electoral no es funcional.

La credencial de elector, agregó la consejera Claudia Zavala, es la llave que abre el derecho a votar desde nuestro sistema electoral.

También se mencionó que el Plan B pudo haber centrado esfuerzos en otras áreas de oportunidad. Se acusó que la pretendida austeridad, representa un atropello de los derechos laborales y finalmente el INE no debe regatear a las instancias legislativas el ejercicio de sus atribuciones.