Xalapa, Veracruz. El proceso electoral en Veracruz, que contempla la renovación de 212 presidencias municipales el próximo 1 de junio, se desarrolla en un ambiente de creciente inseguridad. Al menos diez aspirantes a alcaldías han decidido retirarse de la contienda, tras recibir amenazas o ser víctimas de actos de violencia, de acuerdo con información recabada por Animal Político.

Uno de los casos más notorios es el de Anell Acevedo, quien hasta hace unos días era precandidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de La Antigua. A través de sus redes sociales, Acevedo comunicó que, tras recibir una “sugerencia concreta” de retirarse, decidió no continuar en el proceso electoral por temor a represalias contra ella o su familia. “Tengo hijos y decido retirarme para cuidar mi integridad y la de mi familia”, afirmó en un video con lágrimas en los ojos.

El coordinador estatal del PT, Vicente Aguilar, reveló que tres sujetos acudieron a la vivienda de Acevedo para amenazarla. Aunque inicialmente el partido consideró el hecho como un incidente aislado, la postura cambió tras un nuevo ataque, esta vez contra el vehículo de Crispín Hernández, otro aspirante del PT, en el municipio de Mixtla de Altamirano. La unidad fue baleada y posteriormente incendiada, sin que se registraran víctimas.

A raíz de estos hechos, el diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, señaló que el partido evalúa solicitar medidas de protección para sus candidatos ante las autoridades estatales y federales, una vez que se formalicen las candidaturas el 15 de abril. “Vamos a poner especial atención para que cualquier aspirante que detecte algo sospechoso lo reporte de inmediato”, indicó.

Movimiento Ciudadano también enfrenta un panorama similar. Su dirigente en Veracruz, Luis Carbonell, informó que al menos diez precandidatos han renunciado por razones de seguridad. En algunos casos, mencionó, las amenazas fueron directas; en otros, los aspirantes simplemente se alejaron del proceso tras recibir “visitas” con advertencias hacia sus familias.

Carbonell detalló que las zonas más afectadas por la violencia son el sur y norte del estado, especialmente municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Tuxpan. Señaló que, bajo estas condiciones, resulta complicado invitar a perfiles competitivos a participar en la elección, ya que su seguridad está en riesgo. Además, adelantó que solicitarán al OPLE condiciones mínimas de seguridad para todos los participantes en el proceso electoral.

La violencia electoral no es nueva en la entidad. Durante el proceso de 2024, en el que no se renovaron alcaldías, Veracruz se posicionó como una de las diez entidades más peligrosas para candidatos y candidatas, con al menos 40 agresiones y dos asesinatos, según el informe Votar entre Balas, realizado por Animal Político en colaboración con Data Cívica.

Los incidentes registrados en el actual proceso electoral 2025 refuerzan esa tendencia. El 25 de febrero, Víctor Manuel Rodríguez Cobos, regidor en Poza Rica y aspirante del PRI, fue secuestrado y liberado días después. Un mes antes, ya había sobrevivido a un atentado armado.

Otros hechos violentos incluyen el asesinato de Carlos Ramsés Neri Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho y aspirante por el Partido Verde, quien fue ejecutado junto a su hermano el 8 de febrero. Un día después, el morenista Vicente Domínguez Aparicio fue secuestrado en Cotaxtla por sujetos armados; cuatro días después fue liberado con signos de violencia física.

También se reportó la desaparición, el 3 de enero, de Carlos Antonio Salinas Guerrero, comisionado de Movimiento Ciudadano en Naranjos-Amatlán. Y en diciembre pasado fue asesinado a balazos Benito Aguas Atlahua, diputado federal y exalcalde de Zongolica, mientras viajaba en su camioneta en la zona montañosa del centro de Veracruz.

Frente a este panorama, partidos como el PAN han solicitado que el gobierno estatal asuma una postura más activa. Federico Salomón Molina, presidente del comité estatal blanquiazul, advirtió que los niveles de inseguridad podrían afectar la participación ciudadana en las urnas. “Esto no ayuda en nada para que la gente vote con libertad y tranquilidad”, expresó, al tiempo que identificó focos rojos en municipios como Sayula, Acayucan, Jáltipan y Poza Rica.

La violencia, las amenazas y la impunidad se han convertido en factores determinantes que afectan no solo la vida democrática del estado, sino también el derecho a participar libremente en elecciones. Conforme se acerque el cierre de registros oficiales y el arranque formal de las campañas, los partidos y autoridades enfrentan el reto urgente de garantizar condiciones de seguridad para todos los involucrados en el proceso.

Con información de Animal Político.