CDMX. Las mujeres trabajadoras del campo mexicano enfrentan condiciones de abuso laboral debido a la falta de contratos escritos que garanticen sus derechos básicos. Alrededor del 90 % de las jornaleras agrícolas no cuentan con un contrato formal, lo que significa que si deciden ser madres deben trabajar hasta los últimos meses del embarazo bajo el sol, con esfuerzo físico intenso y sin posibilidad de acceder a licencias de maternidad ni a guarderías públicas para sus hijos.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, la historia de Nubia Díaz refleja la de miles de mujeres. Originaria de Guasave, Sinaloa, creció en los campos donde aprendió de su abuelo a cultivar la tierra. Años después, en esos mismos campos trabajó hasta los ocho meses de gestación durante sus dos embarazos, sin derecho a licencia de maternidad porque carecía de contrato laboral. Hoy forma parte de la Unión de Jornaleros Agrícolas (UJA), desde donde impulsa el respeto a los derechos de quienes viven de la agricultura.
Ley y realidad: un abismo
La Ley Federal del Trabajo establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a no realizar trabajos que impliquen esfuerzos considerables ni riesgos para su salud durante el embarazo. Asimismo, garantiza seis semanas de descanso antes y seis después del parto. Pero en la práctica, las jornaleras agrícolas no pueden exigir estos derechos porque el 90 % carece de un contrato escrito, según el estudio “Sembrando el cambio” elaborado por organizaciones de la sociedad civil.
“Una como jornalera agrícola piensa que es una ventaja estar trabajando embarazada. Una quisiera esconder el embarazo para que no te miren con ganas de despedirte, porque saben que es una responsabilidad para ellos como empleadores, que tienes derechos”, afirma Nubia Díaz.
La consecuencia es que muchas mujeres trabajan expuestas a altas temperaturas, a la radiación solar, a plaguicidas y a labores manuales pesadas. Todo esto con el temor de ser despedidas y perder el único ingreso que sostiene a sus familias.
Historias de desprotección
La situación de Dolores Espinoza, también integrante de la UJA en Guasave, muestra la magnitud del problema. Durante su primer embarazo no contaba con seguridad social porque no tenía contrato laboral. Debió atenderse en un hospital costeando consultas, medicinas y tratamientos con el dinero que ella y su esposo ganaban en el campo.
“No tuve derecho a prestaciones. Trabajé hasta que casi ya iba a parir, y ya que una va a dar a luz te dan como un descanso, como que te dicen que te corren del trabajo. Entonces ya di a luz a mi hija, y empecé a trabajar en otro trabajo en el campo”, relata Espinoza.
El costo económico fue tan alto que muchas veces tuvo que elegir entre pagar electricidad o agua, comprar comida o atender su salud.
Guarderías deficientes y la triple carga
A la falta de seguridad social se suma la imposibilidad de acceder a guarderías públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las jornaleras suelen iniciar su jornada a las 5 de la mañana, pero las guarderías abren entre las 8 y 9. Ante esta incompatibilidad, muchas mujeres llevan a sus hijos al campo, los colocan en la tierra bajo alguna sombra improvisada y los vigilan mientras trabajan.
“Muchas mujeres que se llevan a sus bebés y los sientan ahí, en la tierra, buscan una sombrita mientras trabajan y lo están vigilando”, explica Espinoza. Esto representa una triple carga: trabajar, cuidar a los hijos en condiciones precarias y encargarse del hogar.
Las trabajadoras señalan que las guarderías en los campos son “deficientes” y que las políticas públicas no contemplan sus horarios ni condiciones reales. Ante la falta de opciones, muchas recurren a dejar a sus hijos con vecinas o familiares; en caso de no tener apoyo, pagan a alguien que los cuide, lo cual reduce drásticamente sus ingresos.
“Por ejemplo, si uno va a ganar 200 pesos, le tienes que dar una parte de ese salario a esa persona. Eso es como si vinieras ganando la mitad”, advierte Nubia Díaz.
Exigencias al Estado
Las jornaleras agrícolas han exigido al gobierno mexicano fortalecer la vigilancia sobre el cumplimiento de derechos laborales en el campo y adecuar el Sistema Nacional de Cuidados para que contemple sus necesidades específicas. Denuncian que la situación actual no solo las vulnera a ellas, sino también a sus hijos, quienes crecen en condiciones de inseguridad y falta de cuidado adecuado.
“Ya es algo muy pesado para nosotras”, concluye Dolores Espinoza. “Es muy estresante porque nos dividimos en dos o en tres partes para poder vivir el día a día”.
Con información de Más Información.
