CDMX. La inminente disculpa pública que ofrecerá Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 personas migrantes en un incendio ocurrido en 2023 en Ciudad Juárez, ha desatado fuertes críticas, especialmente por parte de actores políticos y organizaciones civiles, que acusan impunidad en torno al caso.
Destaca la postura del exsenador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien a través de sus redes sociales acusó al gobierno de Morena de proteger a Garduño y permitirle evadir la justicia. “No se puede limpiar un crimen de Estado con un acto público”, expresó, refiriéndose al evento programado para el viernes 26 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México, donde Garduño ofrecerá una disculpa a los familiares de las víctimas y a los 27 sobrevivientes del incendio.
El exlegislador denunció que el excomisionado del INM evitó sanciones penales mediante chantaje político, al condicionar la reparación del daño a cambio de su impunidad. A pesar de haber sido vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, Garduño permanece en libertad y continúa su proceso sin prisión preventiva.
A las críticas se sumó la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), con sede en Ciudad Juárez, que reconoció la importancia simbólica de la disculpa pública, pero aclaró que esta no debe verse como el cierre del caso. “La disculpa pública es un paso simbólico de reparación, pero no el cierre del caso”, señala la organización en un comunicado, en el que además convoca a una manifestación pacífica en Ciudad Juárez, en la misma fecha del acto, para exigir verdad, justicia y memoria.
La tragedia ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de un operativo que trasladó a decenas de personas migrantes desde las calles hacia estas instalaciones federales. Dentro de las celdas, una protesta derivó en el incendio de colchonetas, lo que provocó la propagación del fuego. La mayoría de las víctimas falleció por inhalación de humo y otras más quedaron atrapadas, sin posibilidad de ser evacuadas.
Los reportes iniciales indicaron que la asistencia de los cuerpos de emergencia fue tardía. Aunque la estación de bomberos se encontraba a pocos minutos del lugar, la llamada de auxilio se demoró, lo que permitió que las llamas avanzaran sin control. La emergencia fue atendida por elementos del Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional, Protección Civil, Ejército Mexicano, Cruz Roja y otras autoridades locales y federales.
El proceso judicial abierto tras los hechos vinculó a Garduño por presunta negligencia, al no supervisar adecuadamente al personal a su cargo. También enfrentan cargos otros funcionarios federales, incluyendo mandos operativos y personal de Verificación Migratoria. Algunos de ellos continúan en prisión preventiva, mientras que Garduño ha podido seguir su proceso en libertad, lo que ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones civiles.
Durante las audiencias judiciales, también se reveló que uno de los guardias del INM habría vendido cigarros y un encendedor a un migrante de origen venezolano, Jason “N”, quien fue acusado de iniciar el incendio. No obstante, tanto organismos defensores de derechos humanos como familiares de las víctimas insisten en que el verdadero origen de la tragedia fue la negligencia institucional y el maltrato sistemático hacia personas migrantes.
Las 40 víctimas mortales fueron en su mayoría repatriadas a sus países de origen, entre los que se encuentran Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Colombia. En tanto, los 27 sobrevivientes han recibido atención médica, pero muchos aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas graves.
A más de dos años del siniestro, la exigencia de justicia y sanciones ejemplares persiste. La disculpa pública de Garduño, obligada por orden judicial, es considerada insuficiente por familiares y organizaciones que siguen reclamando verdad, reparación integral y justicia sin privilegios para los responsables.
Con información de Más Información.
