CDMX. Más de la mitad de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen familiares que ocupan cargos públicos, según una investigación difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El informe señala que, tras la elección judicial de 2025, el 56% de los nueve ministros que integran la nueva SCJN tienen al menos un familiar con un cargo en el gobierno o que ha recibido contratos públicos. Este porcentaje aumenta a 60% en el caso del TDJ y a 71% entre los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
Lenia Batres Guadarrama, una de las nuevas ministras de la Corte, concentra seis vínculos familiares con el gobierno. Entre ellos se encuentra su exesposo, Ulises Lara López, actual titular de la Fiscalía General de la República en Morelos; su hijo, Emiliano Batres Guadarrama, jefe de departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y su hermano, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE. También están su hermana Valentina Batres, diputada local; su cuñada Daniela Cordero Arenas, funcionaria del gobierno capitalino, y su tío Alejandro Bichir Batres, exembajador en Panamá.
En el caso de María Estela Ríos González, ministra de la Corte, su hija Magali Iraís Mendoza Ríos es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El vínculo data desde 2004, cuando la actual ministra era consejera jurídica del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero tiene a su madre laborando en el ISSSTE y a su hermano, Diego Armando Guerrero, recientemente nombrado magistrado en el Tribunal de Disciplina de Justicia de la Ciudad de México.
Sara Irene Herrerías Guerra, ministra también electa este año, comparte la administración pública con su pareja, Oscar Langlet González, quien funge como consejero general de la Fiscalía General de la República.
En el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, aunque no se hallaron familiares con cargos gubernamentales, su esposo José María Riobóo ha sido contratista recurrente de gobiernos encabezados por Morena, recibiendo al menos nueve contratos del Sistema de Transporte Colectivo Metro por un monto de 108.9 millones de pesos.
En el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, tres de sus cinco integrantes tienen familiares en funciones gubernamentales. Bernardo Bátiz Vázquez tiene una hija que es consejera en la Ciudad de México, un nieto con funciones operativas en el Tribunal Electoral, y un yerno con antecedentes laborales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eva Verónica de Gyvés Zárate cuenta con al menos cinco familiares en cargos públicos, entre ellos su esposo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y varios sobrinos y hermanos con funciones en el ámbito judicial y administrativo. Rufino H. León Tovar tiene una hija laborando en el Tribunal de Justicia Administrativa capitalino.
En la Sala Superior del TEPJF, cinco de los siete magistrados tienen familiares con funciones gubernamentales. Mónica Aralí Soto Fregoso cuenta con tres familiares en diferentes órganos judiciales. Claudia Valle Aguilasocho tiene un hermano en el Consejo de la Judicatura Federal. Felipe Alfredo Fuentes Barrera tiene un hijo en el gobierno de Quintana Roo. Gilberto de Guzmán Bátiz García está casado con una jueza del estado de Chiapas. Janine M. Otálora Malassis tiene un hijo laborando en el Tribunal Electoral.
Según MCCI, el gobierno utilizó investigaciones sobre nepotismo en el Poder Judicial para justificar la reforma judicial que llevó a la elección popular de jueces y ministros. Sin embargo, la organización aclara que nunca recomendó este método de selección y que, a pesar del cambio, el fenómeno del nepotismo persiste en la estructura renovada del Poder Judicial.
La reforma promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla restricciones para evitar que familiares directos ocupen un mismo cargo de elección popular, pero según MCCI, la medida es limitada. “Ninguna de estas relaciones que documentamos entra en la jurisdicción de la reforma contra el nepotismo de la presidenta Sheinbaum”, indicó la organización.
El estudio extendió la revisión a otros poderes. En el Poder Ejecutivo, siete de los 23 secretarios de Estado tienen familiares en funciones públicas, lo que representa 30% del gabinete. En la Cámara de Diputados, seis de los 16 integrantes de órganos de gobierno tienen familiares en cargos públicos, mientras que en el Senado la cifra es de nueve de 21.
MCCI concluyó que el marco legal actual permite que este tipo de relaciones persistan, incluso en los casos más visibles. La reforma aprobada se aplicará hasta 2030 y únicamente restringe el acceso a un mismo cargo ocupado por un pariente, sin considerar otros puestos ni periodos intercalados. Además, si un familiar dejó el cargo hace más de tres años, ya no hay impedimento legal para que otro lo ocupe. La organización señaló que el nepotismo sigue tan vivo como en el pasado y advirtió que su persistencia no es exclusiva de un partido político, sino consecuencia de la debilidad en los mecanismos de control y rendición de cuentas. La única vía para su contención, concluyó, es establecer sistemas más eficaces para prevenir, detectar y sancionar estas prácticas.
Con información de Más Información.
