Chihuahua, Chih. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 12/2023 por medio de la cual obliga al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo deberán realizar distintas acciones para hacer un diagnóstico de la desnutrición infantil en la comunidad de Choréachi.
La resolución del órgano derechohumanista emitida el 31 de enero de este año, se dio tras la queja por parte de la comunidad rarámuri por el fallecimiento de siete niños entre octubre de 2019 y junio de 2020; el documento fija un plazo de quince días para que ambas administraciones dieran respuesta aunque a la fecha, “Alianza Sierra Madre AC” no ha tenido conocimiento de ellas.
Esta misma organización civil, aseguró que estas muertes no son las únicas que se han presentado durante los últimos dos años en esta comunidad pero tampoco especificó cuántos fallecimientos se han dado.
En esta comunidad, se contabilizan alrededor de 900 habitantes de la comunidad rarámuri, 300 de los cuales son niños y de los cuales, un 70 por ciento resultó con desnutrición en alguno de sus grados, de acuerdo a los diagnósticos hechos por la propia asociación.
Rosa María Sáenz, abogada asociada de “Alianza Sierra Madre AC”, resaltó la gravedad de esta situación pues hay niños que ya nacen con un problema de desnutrición dado el padecimiento de sus propias madres cuando se encuentran embarazadas. Aunque tampoco se tiene un número específico.
Incluso personal de la CNDH visitó en dos ocasiones la comunidad; en cada una estuvieron en un lapso de una semana, donde pudieron darse cuenta de la realidad.
Medidas a desarrollar
La resolución de la CNDH en sus 121 páginas, emite cuatro medidas a desarrollar por las administraciones de María Eugenia Campos Galván y Julio César Chávez Ponce.
Primero, en las medidas de restitución, los sistemas DIF estatal y municipal en coordinación con los sistemas locales de salud deberán dotar de un Centro de Salud a la comunidad de Choréachi con instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura y personal médico que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios brindados.
En cuanto a las medidas de rehabilitación, deberán asegurar la atención médica, psicológica y tanatológica así como servicios jurídicos y sociales para hacer frente a los efectos sufridos a causa de las violaciones a sus Derechos Humanos. Estos servicios deberán brindarse de manera gratuita, inmediata y accesible para las víctimas con pertenencia cultural.
La tercera trata de medidas de compensación, por lo que deberán reparar el daño causado, ya sea material o inmaterial. Aquí incluye el acercamiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) y sus respectivos trámites.
La cuarta y última, va en el orden de la no repetición: de manera individual, las autoridades deberán de implementar en un plazo máximo de seis meses una vez aceptada la recomendación, un curso sobre capacitación y formación en materia de Derechos Humanos a personal de la Secretaría de Salud del estado y del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo.
“Creemos que una política pública que se genere, sería un resultado muy bueno, una que realmente atienda a la población infantil y a las madres embarazadas, una política pública efectiva y asertiva”, dijo la abogada de la organización.
Los casos denunciados
El 21 de enero de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió la queja por parte de primero y segundo gobernador, Comisaría de Policía Tradicional y representantes de Alianza Sierra Madre respecto a la muerte de siete niños y niñas menores de cinco años a causa de la desnutrición.
Dada la gravedad y trascendencia del asunto, fue turnado a la CNDH.
El primer caso se trata de una niña originaria de la comunidad de Sitánachi, fue hospitalizada en febrero de 2016 y casi dos meses después, falleció a consecuencia de la desnutrición aguda-moderada que padecía.
Respecto al segundo caso, se trata de una niña de dos años y tres meses oriundo de Batayechi quien en septiembre de 2019 presentó un cuadro de edema bilateral (hinchazón en algunos tejidos; para el 11 de octubre, se notificó su deceso en el Hospital Rural del IMSS-Bienestar de Valle de Allende por desnutrición severa.
En el tercer caso, un niño de seis meses de edad originario de Arroyo del Manzano, falleció mientras recibía atención médica por desnutrición, choque hipovolémico probable sepsis.
En cuanto al cuarto caso, se trata de una niña de dos años y seis meses de la comunidad de Terreros quien falleció el 4 de noviembre en el Hospital General 2 mientras era atendida por desnutrición aguda-severa, bronconeumonía, enfermedad gastrointestinal aguda y deshidratación.
El 22 de febrero de 2020, se registró el quinto caso; murió un niño de diez meses de edad oriundo de la comunidad de Sitánachi, a causa de una probable neumonía.
Para el 19 de mayo del mismo año, un niño de dos meses de edad, oriundo de Mesa de Los Pinos, falleció mientras le hacían trabajos de intubación para estabilizarse y posteriormente trasladarlo a la ciudad de Chihuahua.
En junio de 2020, una niña de la que no se tienen más datos, se sabe que falleció en su casa en la comunidad de Choréachi.
