Chihuahua, CHIH. Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, aprobaron la proposición de la diputada Leticia Ortega Máynez quien solicitó a la Magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que haga un llamado a las juezas y jueces en materia penal del Distrito Bravos, a dar cumplimiento estricto a los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como a los diversos instrumentos nacionales e internacionales en los asuntos de violencia sexual y maltrato infantil en contra de niños y niñas de las Guarderías de Ciudad Juárez.
En su presentación, la Legisladora señaló que, a partir de denuncias e investigaciones realizadas, hoy sabemos que más de 70 niños y niñas de entre uno y cuatro años de edad, fueron violentados por personas que debían cuidarlos. Cada uno de estos casos es una alarma para nuestra sociedad juarense y nuestro Estado. El sistema de cuidados les falló, y ahora estos pequeños y pequeñas han tenido que pasar por exámenes médicos y periciales, han tenido que asistir a instituciones para poder acceder a la justicia y definitivamente el Estado no les puede fallar.
Atender un asunto relacionado con una agresión sexual a una niña, niño o adolescente no es una situación sencilla. Se requiere preparación, sensibilidad y sobre todo, un compromiso firme con los derechos humanos y el interés superior de la niñez, agregó la diputada Ortega.
Para los tribunales, estos casos implican una enorme responsabilidad, pues no se trata únicamente de resolver un conflicto jurídico, sino de proteger a una niña o niño en situación de especial vulnerabilidad cuya vida ha sido marcada por la violencia.
En el ámbito judicial, el interés superior de la niñez, obliga a las personas juzgadoras, a resolver los casos con enfoque de infancias, evitando la revictimización, garantizando las medidas cautelares efectivas, valorando pruebas y testimonios con ese enfoque especializado y finalmente emitiendo sentencias que restituyan derechos y prevengan futuros daños; continuó.
Existen 71 carpetas de investigación, de las cuales muy pocas han sido judicializadas, y de esas, 2 ya obtuvieron una increíble e indignante sentencia absolutoria; el Juez determinó en uno de los casos que sí había delito, pero que no era posible comprobar la participación de la acusada; y una Jueza, consideró que había sospechas de falsedad por parte de dos peritos, la médica y la psicóloga así como también de la propia agente ministerial que llevó el caso.
Ambos jueces ignoraron por completo el testimonio del niño y la niña que habían identificado a su agresora. Se dejó de lado el interés superior de la niñez y en ningún momento se aplicó el protocolo para juzgar con perspectiva de infancias y adolescencias. Estas dos primeras resoluciones dejan sin una justicia a las víctimas y a sus familias, pero además lastiman a toda la sociedad.
Cuando se minimiza el testimonio de una víctima, se retrasan audiencias, se omiten pruebas clave o se permite la impunidad, no solo perpetúa el daño, sino que se envía un mensaje alarmante a la sociedad: que la niñez puede ser violentada sin consecuencias. Estas acciones son una forma de revictimización institucional que profundiza las heridas y socava la confianza en la justicia.
Es por todo lo anterior, que se hizo el llamado a la titular del Poder Judicial del Estado, para que se dé cumplimiento estricto a los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como a los diversos instrumentos nacionales e internacionales de los derechos de las niñas, niño y adolescentes, en relación a asuntos de violencia sexual y maltrato infantil en contra de niños y niñas de las guarderías de Ciudad Juárez.
