CDMX. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la noche del miércoles la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo autónomo encargado de medir la pobreza y evaluar programas sociales en México. Sus funciones serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a pesar de que esta institución no cuenta actualmente con atribuciones legales para realizar evaluaciones.

La decisión ocurre en un país donde, según el último reporte del Coneval de 2022, 46.8 millones de personas viven en situación de pobreza, cifra que representó una reducción respecto al sexenio anterior. Sin embargo, el número de personas en pobreza extrema aumentó, pasando de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022.

El Coneval se había encargado, desde su creación, de medir la pobreza de manera multidimensional y de evaluar las políticas públicas destinadas al desarrollo social. La institución también formulaba recomendaciones con base en sus hallazgos. La extinción del organismo prevé la liquidación de solo 49 de sus aproximadamente 180 trabajadores, con un presupuesto destinado a su cierre de 14.4 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión. Aseguró que tiene “mucho sentido que [el Inegi], que hace la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH), hagan la evaluación de la pobreza a partir de la metodología de Coneval”. Sheinbaum insistió en que habrá continuidad en las evaluaciones, pese al cambio institucional.

Sin embargo, el Inegi no tiene, según su marco legal vigente, las competencias para evaluar el diseño o impacto de programas sociales. En enero de este año, Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, expresó que requería conocer las modificaciones legales que permitirían al instituto asumir esas funciones. Aclaró que el levantamiento de información seguiría los mismos estándares técnicos con los que actualmente opera.

Graciela Teruel Belismelis, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, explicó que el trabajo del Coneval no se limitaba a contabilizar apoyos, sino que analizaba su efecto en la vida de los beneficiarios. Como ejemplo, señaló que el reparto de leche en el programa Liconsa no se evaluaba por litros distribuidos, sino por su impacto en la anemia infantil.

Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México, recordó que fue el Coneval quien reaccionó ante una modificación en la metodología del Inegi para medir ingresos, que habría generado una percepción errónea sobre la reducción de la pobreza. En su opinión, la evaluación debe mantenerse en una instancia independiente y técnica, como lo era el Coneval.

La desaparición del organismo fue propuesta desde julio de 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el Inegi podía realizar el mismo trabajo. Días antes de esta declaración, el entonces secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, publicó una columna advirtiendo sobre los efectos negativos de los recortes presupuestales para el personal del Consejo. Dos días después fue removido del cargo.

En agosto de 2023, al publicarse los resultados más recientes sobre pobreza, López Obrador declaró tener “otros datos” y rechazó las cifras oficiales. Aseguró que la población había mejorado sus condiciones gracias al aumento de apoyos sociales, y pidió modificar la forma de medición sin detallar cómo.

Ese mismo año, el expresidente incluyó la eliminación del Coneval como parte de una propuesta más amplia para desaparecer órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), argumentando recortes presupuestales.

Hasta el momento, no se ha presentado la reforma legal que otorgaría al Inegi las atribuciones necesarias para asumir las funciones del Coneval. Tampoco se ha detallado cómo se garantizará la independencia y rigor técnico en la evaluación de la política social sin el órgano especializado que durante casi dos décadas desempeñó esa labor.

Con información de Más Información.