CDMX. En el Senado de la República se llevó a cabo el primero de cinco conversatorios titulados “Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, donde especialistas, legisladores y representantes de organizaciones civiles alertaron sobre los riesgos de infiltración del crimen organizado en el sector de las telecomunicaciones.

Durante más de seis horas, se discutieron los vacíos legales de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, y los mecanismos mediante los cuales grupos delictivos podrían obtener concesiones o controlar redes.

El secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Javier Corral, subrayó que el proceso legislativo deberá estar guiado por argumentos y no por fobias ni magnificaciones y señaló que las reformas deben responder a inquietudes genuinas que fortalezcan el marco jurídico actual.

Uno de los ejes principales del conversatorio fue la preocupación por la facilidad con la que podrían acceder a información sensible individuos o grupos vinculados a actividades ilícitas, especialmente debido a la obligación impuesta a las empresas de telecomunicaciones de almacenar datos de geolocalización de los usuarios por largos periodos.

Óscar Mondragón, del Colectivo Libre Internet para Todos, advirtió que esta disposición legal podría derivar en que secuestradores o narcotraficantes accedan a datos personales, lo que se agrava en un contexto de corrupción institucional. Además, denunció que el almacenamiento prolongado de datos representa un riesgo considerable para la seguridad de los ciudadanos.

El conversatorio también abordó la posibilidad legal que tiene el Ministerio Público de solicitar la localización en tiempo real de dispositivos móviles sin una orden judicial. Jesús Robles Maloof, activista, cuestionó esta medida, afirmando que podría facilitar la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos en estados con altos índices de violencia.

Adriana Lombardi Inzunza, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), planteó la necesidad de establecer herramientas legales que permitan evitar que solicitantes de concesiones con vínculos con el crimen organizado accedan a permisos. Señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones requerirá mayores facultades para enfrentar este reto. “No tiene (la Ley) una cláusula que diga el espectro, o se una o se comparte, pero sea asignado o concesionado no puede tenerse en un cajón sin utilizarse”, afirmó.

Organizaciones como Artículo 19 también manifestaron su preocupación. En un comunicado, esta ONG indicó que la ley vigente viola derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. También advirtió que las disposiciones actuales podrían facilitar la censura de contenidos en Internet sin orden judicial, lo cual podría ser aprovechado por grupos criminales para acallar voces críticas.

La discusión se nutrió con antecedentes documentados sobre la participación del crimen organizado en redes ilegales de telecomunicaciones.

En Michoacán, el grupo delictivo Los Viagras operó una red de internet clandestina, obligando a la población a contratar el servicio bajo amenazas. Empresas del sector, como Megacable, reportaron actos de extorsión, sabotajes a infraestructura, exigencias de pago de derechos de piso e incluso cortes de energía eléctrica como método de presión por parte de autoridades locales coludidas con grupos delictivos.

Frente a este panorama, los participantes propusieron modificar la ley para incluir salvaguardas más estrictas en el manejo de datos personales, así como mejorar los procesos de asignación de concesiones. También pidieron que se refuercen los mecanismos de supervisión para impedir que grupos delictivos se beneficien del marco legal actual.

En el desarrollo del evento, varios de los participantes coincidieron en que el marco normativo vigente es insuficiente para frenar el acceso del narcotráfico al sector. Insistieron en que la nueva legislación debe garantizar la seguridad del espectro y evitar su explotación ilegal. Con este primer conversatorio, el Senado abrió un proceso de revisión que continuará en futuras sesiones. El objetivo declarado es generar una reforma que impida el uso del sistema de telecomunicaciones por parte del crimen organizado, al tiempo que se protege la privacidad, la libertad de expresión y la integridad del ecosistema digital nacional.

Con información de Más Información.