CDMX. El Gobierno de México estaría preparando una nueva entrega de 40 presuntos líderes del narcotráfico a autoridades estadounidenses, según información revelada por el periodista Ioan Grillo.
De acuerdo con su reporte, los individuos serían trasladados bajo custodia del gobierno de Estados Unidos mediante un mecanismo denominado “proceso de traslado extraordinario”, que podría excluirlos de las garantías otorgadas en los procedimientos tradicionales de extradición.
Entre los posibles objetivos de esta operación se encuentra Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, considerado uno de los operadores financieros más relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fuentes consultadas por Grillo indicaron que este grupo de reos se encuentra actualmente en distintas prisiones y centros de reclusión en territorio mexicano.
El procedimiento de “traslado extraordinario” implicaría que los capos extraditados no cuenten con la protección legal que evita la pena de muerte en Estados Unidos, una garantía normalmente asegurada por México en los tratados de extradición bilaterales.
“Se ha instruido a los funcionarios estadounidenses para que se refieran a las expulsiones como un ‘proceso de traslado extraordinario’, según declaró un funcionario del gobierno estadounidense. Esto expone a los presuntos jefes de los cárteles a la pena de muerte, que normalmente se condona durante los procesos formales de extradición con México”, informó Grillo.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, también estaría considerando formular sus propias acusaciones por terrorismo en contra de los señalados. Estas acciones judiciales formarían parte de una estrategia más amplia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos.
La extradición de 29 jefes del narcotráfico, ocurrida en febrero de este año, se realizó bajo circunstancias similares. Este primer grupo fue enviado a Estados Unidos sin agotar todos los trámites del proceso tradicional, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de su traslado y el respeto a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El fiscal Gertz Manero justificó en ese momento la medida invocando una antigua disposición contenida en la Ley de Seguridad Nacional.
El pasado 1 de abril, la presidenta Sheinbaum confirmó la existencia de nuevas listas de narcotraficantes candidatos a ser extraditados. Durante su conferencia matutina, reconoció la continuidad de la cooperación bilateral en esta materia. “Hay más listas de extradiciones y, en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Entonces sí hay, pero desde hace tiempo, no es de ahora. Además de las 29 personas que ya están allá”, declaró.
Sheinbaum también aclaró que hasta el momento no se ha recibido una solicitud especial para acelerar estos procedimientos. Subrayó que cualquier avance dependerá de la coordinación entre los gobiernos de ambos países. En sus palabras, “Además de las 29 personas que ya están allá, sí hay otros nombres contemplados en estos listados”.
El contexto en el que se producen estas acciones está marcado por un incremento en la presión del gobierno de Estados Unidos para que México refuerce sus medidas contra el narcotráfico. La extradición de presuntos líderes criminales ha sido uno de los principales instrumentos empleados por el gobierno mexicano para atender estas demandas, así como para consolidar una imagen de cooperación frente a sus socios internacionales.
Hasta ahora, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la FGR han emitido un comunicado oficial detallando los nombres de los posibles nuevos extraditables, ni las fechas previstas para los traslados. Tampoco se ha informado si estos procedimientos contarán con las garantías procesales previstas en la legislación mexicana y los tratados internacionales vigentes.
El tema de las extradiciones continúa generando debate en sectores jurídicos y políticos, debido a los posibles riesgos de violación de derechos fundamentales si se opta por mecanismos fuera del proceso judicial ordinario. La figura del “traslado extraordinario” no está contemplada de manera explícita en la legislación mexicana, lo que ha derivado en cuestionamientos sobre su legalidad y su impacto en la soberanía nacional.
Con información de Más Información.