Nuevo Laredo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, ha cerrado expedientes y negado medidas cautelares en al menos 12 casos relacionados con denuncias de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército, según reportó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La organización civil documentó que, en estos casos, la CNDH actuó de forma parcial, superficial y tolerante al Uso Excesivo de la Fuerza, en detrimento de la población civil de Nuevo Laredo, donde se han reportado varias de las denuncias.

El comité destacó que la negativa de la CNDH a implementar medidas cautelares contribuyó en la muerte de tres civiles el pasado 11 y 12 de octubre, entre ellos una niña de 8 años, presuntamente a manos de militares del Ejército y la Guardia Nacional.

Entre los expedientes cerrados por la CNDH se encuentran casos de presunta persecución y uso excesivo de la fuerza contra civiles. En uno de estos incidentes, registrado en el expediente CNDH/2/2024/6089/Q, la denuncia se centró en el caso de Roberto Robles, quien declaró que fue perseguido y agredido por soldados. Aunque el Comité de Derechos Humanos aportó un video donde se observa a personal militar atacando al conductor, la CNDH concluyó el expediente sin considerar suficiente esta prueba audiovisual.

Otro caso relevante ocurrió el 26 de febrero, cuando Alejandro Pérez, quien sobrevivió a un ataque presuntamente realizado por militares, acusó al Ejército de intentar detenerlo de manera arbitraria. La denuncia, presentada en el expediente CNDH/2/2024/10723/Q, también incluyó una grabación de seguridad. Sin embargo, la CNDH desestimó las pruebas, aludiendo a que solo se trataron de actos de molestia y dio el caso por solucionado durante el trámite respectivo.

Otros incidentes, como la retención de Beatriz Cuevas y la intimidación hacia Abigail Valdés, también fueron cerrados sin otorgar protección a las víctimas. En ambos casos, el comité presentó testimonios y pruebas de video, pero la CNDH consideró que no había elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos por parte de los militares.

Entre los expedientes más graves se encuentra el caso de José Luis Soto Cárdenas, un vendedor ambulante que, según los reportes, fue herido por soldados tras salir de una tienda de conveniencia en septiembre de 2023. La CNDH determinó que no había pruebas concluyentes de que la herida fuera causada por un disparo y sugirió que podría haberse tratado de un golpe directo o volcadura.

En un incidente de agosto de 2023, Janet Salas y sus acompañantes resultaron gravemente heridos cuando su vehículo fue impactado por un automóvil militar, presuntamente provocado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de las acusaciones de falta de auxilio y agresiones armadas, la CNDH cerró el caso al no hallar evidencia de la responsabilidad militar.

Otro caso controvertido fue el espionaje contra un defensor de derechos humanos mediante el software Pegasus, supuestamente realizado por el Centro Militar de Inteligencia. Aunque la denuncia se acompañó de pruebas documentales de organizaciones internacionales, la CNDH concluyó el caso, citando la falta de pruebas directas de la intervención de la Sedena.

La muerte de la niña Heidi Mariana, ocurrida en 2022, sigue sin una resolución en el expediente CNDH/2/2022/9885/Q. Pese a los videos y testimonios que indican la presencia militar en el lugar, la CNDH ha sostenido que el crimen organizado fue el responsable, según declaraciones de Rosario Piedra ante el Senado. Este caso, junto a otras muertes arbitrarias, continúa sin un pronunciamiento final por parte de la Comisión.

En otro expediente sin concluir, la CNDH ha aplazado una recomendación sobre la ejecución extrajudicial de ocho civiles, ocurrida en 2019 en Nuevo Laredo. Aunque el Comité de Derechos Humanos aportó testimonios y grabaciones que muestran detenciones forzadas y simulación de enfrentamientos, la CNDH intentó remitir el caso a la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, evitando responsabilidades a nivel federal.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que bajo la gestión de Rosario Piedra, la CNDH ha actuado con sumisión, protección y defensa a integrantes de las Fuerzas Armadas, protegiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. “Es mentira que defienden al pueblo, defienden a las Fuerzas Armadas y por lo tanto carecen de méritos para aspirar a una reelección de cargo, es una ofensa a las víctimas”, señaló Ramos en un comunicado. El Comité exigió la renuncia inmediata de Piedra y de altos mandos de la CNDH, como Francisco Estrada Correa y Omar Jair.

Rosario Piedra, no obstante, se ha inscrito en el Senado como aspirante a la reelección en la CNDH, buscando un segundo mandato por cinco años al frente de la comisión.

Con información de Más Información.