Chihuahua, CHIH. Desde junio, los Ayuntamientos entraron en un periodo de veda para contraer deuda pública dado el tiempo restante para concluir su administración, dio a conocer el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, en el marco de la Reunión Estatal con Funcionarios Hacendarios la mañana de este jueves.
Recordó que de acuerdo con la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios impide a las administraciones para obtener cualquier compromiso de ese tipo tres meses antes del final de su gestión.
Durante el encuentro, Acosta Félix recomendó cumplir cabalmente la normatividad existente como es la debida entrega de la documentación a los próximos servidores públicos, cumplir con la obligación de la retención y entero de Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Universitario, por mencionar unos.
El titular de la ASE aseguró que, con base a las observaciones recurrentes durante las revisiones, deberán revisar los contratos realizados para verificar que hayan cumplido con normatividad para ello, con egresos justificaos y comprobados; así como hacer una entrega total de la documentación de archivo a su cargo.
Finalmente destacó la imposibilidad legal que todo servidor público elegido por elección para recibir cualquier indemnización por el término de su labor.
Determinará FA funcionarios responsables en crédito de San Francisco del Oro
La Fiscalía Anticorrupción será la instancia que determine a los funcionarios de San Francisco del Oro que pudieran tener una presunta responsabilidad en la contratación de un crédito de manera irregular en ese Ayuntamiento, dio a conocer el auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.
Recordó que la instancia bajo su cargo, detectó las irregularidades desde la auditoría a las cuentas públicas de 2022, tras lo cual, se presentó un informe al Congreso del Estado del cual, derivas una denuncia penal y otra administrativa.
El auditor, abundó en que tanto Rosales como San Francisco del Oro incurrieron en faltas graves a la Ley de Disciplina Financiera y a la Ley Estatal de Deuda Pública y otras irregularidades que no son consideradas como graves.
Para el caso de San Francisco del Oro, se detectaron omisiones en la autorización de las dos terceras partes del Cabildo para para solicitar el préstamo, además de la autorización del Congreso del Estado para este mismo endeudamiento por 5.7 millones de pesos.
Acosta Félix también dijo que a la instancia que representa, le toca determinar las irregularidades detectadas, mientras a la Fiscalía Anticorrupción la que señale a los presuntos responsables.
Además de Rosales y San Francisco del Oro, se detectaron cuatro municipios con irregularidades de menor rango, por lo que no se presumen una responsabilidad administrativa agrave ni la comisión de algún delito.
